Con el objetivo de garantizar la competitividad de las industrias y promover la sostenibilidad energética, el nuevo RD modifica y relaja los requisitos para poder certificarse como electrointensivo de forma que el abanico de empresas susceptibles de adquirir esta condición se amplía a 1.180.
Entre los cambios más destacados se encuentra la diferenciación entre sectores empresariales según estén clasificados en “riesgo significativo” o en “riesgo”. Esta categorización es la que acaba definiendo a qué porcentaje de ayudas pueden aspirar las empresas.
Los requisitos para certificarse se relajan de forma que se amplían los CNAEs incluidos en las listas, se reduce el porcentaje de consumo que los puntos de suministro deben tener en P6 (pasando del 50% al 46%) y también se reduce el cociente entre el consumo anual de electricidad y el valor añadido bruto, que ahora es de 0,25 €/kWh.
Por lo que respecta a las obligaciones, éstas siguen la tónica inicial y mantienen la predictibilidad de consumo en una media de un 75% mensual, la implementación de la ISO 50.001 y la contratación del 10% del consumo a largo plazo y con origen renovable, entre otros.